En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido
extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad
Social es un despilfarro. La coyuntura económica no puede ser la coartada para
esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de
ingresos y un sistema fiscal desigual
¿Es
razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones
equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más
de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la
mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté
ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?
Estas son
algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para
justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada
por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender
como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de
aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra
que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y,
por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables
de la población.
Un grupo
formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que desmenuzan
una a una lo que consideran "las falacias del grupo de expertos"
de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte
de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de pensiones
siga siendo 100% público. "La argumentación del Gobierno y los expertos es
una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría", denunció Héctor
Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el Congreso de
los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto
Garzón.
Como
firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma "es una
barbaridad", "una vergüenza" y "un asalto al botín cuyo
único objetivo es el de privatizar el sistema de pensiones". Ese es uno de
los puntos que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto
promovido por Báñez favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado
no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos
privados. El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige Cayo
Lara está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño que tendrá
como uno de los temas principales las pensiones.
Gasto excesivo
La coartada
inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el aumento de la esperanza
de vida y la baja tasa de natalidad son dos problemas fundamentales en el
esquema español. Es el mismo argumento que desde los años noventa han empleado
analistas, bancos y gobernantes de turno para vaticinar el caos. Pero como
explica el manifiesto, "el tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a
las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo
que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales
como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el
número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y
el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo
problema de la viabilidad de las pensiones".
"Lo
insostenible del sistema es la caída de ingresos por la recesión, así que lo
verdaderamente insostenible es la recesión"
En el
momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que el Estado debe
apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las recomendaciones y a la
supervisión que hace de nuestra economía durante el semestre europeo, ha
presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas. Cualquier cifra, como esa de
los 33.000 millones, parece un inmenso despilfarro, pero los economistas
rebaten que el Estado gaste demasiado en las pensiones. Desde hace meses,
sindicatos y partidos de izquierda vienen insistiendo en un dato claro: seguimos
invirtiendo menos que la media europea (el 10% del PIB por el 12% de la
media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países
como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB.
Y eso no
hará que el sistema de la Seguridad Social quiebre. Según los firmantes, en
realidad, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. De hecho, si se
llegara a ese punto estaríamos en una situación de suspensión de pagos. Al
contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás y que buena parte de la
confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene de la segregación en
las fuentes de financiación que propició el Pacto de Toledo. Con la firma de
ese acuerdo se estipuló las pensiones se financiarían a través de las
cotizaciones sociales. Y esto, para ellos, es un error. "Lejos de
garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la
Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado
económicamente de la Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como social
por la Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los recursos del
Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese
Estado, también las pensiones", sostienen.
Más ingresos
Desde este
punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que
han de mantener las pensiones y para ellos "no hay ninguna razón para
eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales". Lo
afirman además amparándose en el artículo 50 de la Constitución, que
sostiene que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad". Esto les lleva a concluir que es
precisamente el Estado el que debe procurarse de los recursos necesarios para
garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, como sucede en el
contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son suficientes,
entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos Generales del
Estado.
"Son
todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de
los gastos de ese Estado, también las pensiones" Y la manera de
conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. "El hecho de que los
ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en
pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de ingresos debida
a la recesión y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la
propia recesión", reza el texto, y es aquí donde entra en juego el
paro y el consumo: "Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es
adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del
PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema
de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la
crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica
seguida".
Los
firmantes rebaten asimismo que la esperanza de vida, la pirámide de población y
la proporción entre activos y pasivos no deben ser las únicas variables que
utilice el Gobierno para justificar los recortes y ponen como ejemplo la renta
per capita, que "en los últimos treinta años casi se ha duplicado y es de
esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta
absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación,
todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente,
de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva".
Asimismo,
apuntan que si el sistema fiscal fuera más justo, el peligro sería evitable:
"El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción
que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince
(32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de
diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania,
respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las
pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta
sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a
cabo".
Infórmate
El
manifiesto completo, titulado En defensa del sistema público de pensiones
se puede leer en la web documentopensiones.org.
Los
firmantes son: Francisco Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier
Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando Esteve Mora, Miren
Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González,
Adoración Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín
Seco, José Luis Monereo, Pedro Montes, Rafael Muñoz de Bustillo, Vicenç
Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio,Julio Rodríguez y Amat
Sánchez.
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